En la década de los 80, Bolivia sufrió uno de sus momentos históricos más críticos: una de las hiperinflaciones más altas de la historia moderna, además, no derivada de un proceso de guerra. Así, en 1985, la tasa de inflación mensual alcanzó casi un $60\%$ o, lo que es lo mismo, una tasa de inflación anual de aproximadamente $26,000\%$¹.

Tal como se documenta en Sachs (1986) la inflación, realmente, comienza a ser un problema desde 1978:

Este proceso inflacionario, sin embargo, continúa hasta que, en mayo de 1982 se alcanza el punto de la hiperinflación que, de acuerdo a la definición “clásica” de la misma, ocurre cuando se da un incremento mensual de los precios en un $50\%$. Una vez llegado este punto no se logra poner freno a la misma hasta agosto de 1985, con el plan de estabilización que implementase Paz Estenssoro. Es decir, el proceso inflacionario se extiende por unos 4 años y el hiperinflacionario por 3 años más.

Dos documentos han descrito de forma bastante amplia y detallada primero, el proceso hiperinflacionario en Bolivia y, luego, el proceso de estabilización. El primer documento, titulado The Bolivian Hyperinflation and Stabilization elaborado por Jeffrey D. Sachs en 1986 y, el segundo, titulado Bolivia’s Economic Crisis publicado en 1987 por Jeffrey D. Sachs y Juan Antonio Morales Anaya² En ambos textos se describen el contexto institucional en el que se encontraba inmerso el país y las causas próximas y más distantes de la hiperinflación.

Se puede resumir todo el proceso de la siguiente manera: un gobierno que experimenta un auge transitorio en materias primas y se endeuda en los mercados internacionales para fomentar el gasto y la inversión pública en sectores afines al partido. Esto sucede hasta que el auge desaparece, el crédito internacional deja de fluir pero no existe voluntad política para ajustar la finanzas públicas. Por tanto, se acude al financiamiento interno del gasto público lo que induce los precios (canasta básica y tipo de cambio) al alza. Esta situación, acompañada de instituciones políticas y económicas débiles, prontamente se convierte en un círculo vicioso y, el gobierno, cada vez necesita más crédito interno para pagar sus cuentas lo que, en el extremo, degenera en una hiperinflación.

Si bien el contexto, circunstancias y actores en la actualidad son diferentes a los de los 80s, la estructura de la economía y sociedad boliviana se ha mantenido en el tiempo y, por tanto, conviene realizar una lectura desapasionada de una de nuestras peores crisis económicas con el objetivo de aprender de los errores cometidos y, así, evitar repetirlos.

En lo que sigue del texto, y en base a los documentos antes citados, se tratará de describir el proceso hiperinflacionario de los 80s, el cual tiene elementos que lo hacen similar a la actualidad boliviana.

1. El problema político e institucional

A criterio de Sachs (1986), el problema fundamental que llevó a la hiperinflación fue el de las instituciones políticas:

“Más bien, a un nivel fundamental, la hiperinflación surgió de una profunda debilidad en las instituciones políticas de Bolivia, que hizo imposible para muchos gobiernos, de forma consecutiva, detener los procesos de incrementos en los déficits y disminución de la recolección de impuestos.”

Este problema institucional data, al menos, desde la revolución de 1952 y se pone de manifiesto en la ingobernabilidad del país. Un breve repaso por la historia política reciente da cuenta de ello:

Además, como se señala en Morales y Sachs (1987):

Desde la Revolución de 1952, todas las fracciones sociales miran al gobierno central para satisfacer sus programas distributivos particulares, la batalla por poder político ha sido también una batalla por una participación más grande en el ingreso nacional. La batalla distributiva ha sido particularmente perniciosa, porque ha ocurrido en el contexto de una declinación secular en el excedentes generales en el sector minero.

Es decir, la economía boliviana, al menos desde la revolución de 1952 hasta el 1985, había estado marcada por la falta de reglas claras y un sistema de frenos y contrapesos que permitan la toma de decisiones de forma eficiente. Así, la falta de este sistema de reglas derivó en uno donde los distintos grupos impusieron sus intereses particulares y la redistribución de la riqueza usando la maquinaria del Estado para conseguirlo, muchas veces con el uso de la fuerza. Esto ha llevado a Morales y Sachs (1987) a señalar que:

Un cuarto efecto ha sido la degeneración de la política en batallas bravas entre “los que están en el gobierno” contra los que “no están”. Con el Estado que se concibe como un instrumento de redistribución, los gobiernos sucesivos terminan visualizando a las arcas públicas, que pueden se usados para beneficio personal o para clientelismo político.

1.1. Paralelismos con la actualidad

La situación institucional de los 80s no parece haber cambiado mucho a lo largo de los años. Ahora, si bien en la actualidad no se tienen gobiernos militares, la debilidad institucional es patente y se manifiesta, por ejemplo, en la falta de capacidad para llegar a acuerdos en la Asamblea (ver aquí, aquí y aquí) o en que las demandas sociales -por muy legítimas y justas que puedan ser- son manifestadas a partir de marchas y bloqueos, ambas medidas que generan malestar social. A su vez, éstas últimas son organizadas por grupos sociales que representan intereses específicos (un vistazo rápido a la prensa da cuenta de los mineros, gremiales, médicos y transporte pesado, entre otros) con lo cual, la satisfacción de dichas demandas no necesariamente implican una mejora en el bienestar general.

¿Cuál es el problema de todo esto? Al final, una sociedad fragmentada y con alto grado de conflictividad, hace bastante costoso el llegar a acuerdos. Por ejemplo, supongamos que, para cerrar el déficit fiscal el gobierno decide realizar una reforma tributaria en la cual se proyecta incrementar los ingresos por la vía de hacer crecer la base de contribuyentes y se plantea reducir el gasto por la vía de la reducción en la subvención de combustibles y la subasta o cierre de empresas públicas deficitarias. Esta propuesta, aunque sea una condición necesaria para mantener estable la economía, generaría problemas políticos y sociales derivados de las movilizaciones de los sectores que se vean como los perdedores de las reformas, lo que haría inviable las mismas.

Nótese que esta situación ocurrió en el gobierno de Siles Zuazo. Tal como se indica en Morales y Sachs (1987):

Se deberá hacer notar que Siles Zuazo trató varias veces de ejecutar programas de estabilización (en Noviembre 1982, Noviembre 1983, Abril 1984, Agosto 1984, Noviembre 1984 y Febrero 1985), pero en cada uno de esos casos, la oposición política del Congreso y los aparentes “aliados” del gobierno en el movimiento laboral, torpedearon los esfuerzos de ajuste.

Es decir, aún viviendo una situación de claro desastre económico y habiendo voluntad política para realizar los cambios necesarios, las divisiones políticas y los distintos intereses particulares de grupos sociales hicieron imposible la implementación de una reforma.

En este sentido, mi lectura de la situación actual es más bien pesimista, puesto que para evitar un escenario más bien crítico en lo que a la economía se refiere, se requiere:

1. Un diagnóstico compartido de los problemas estructurales que enfrenta la economía nacional (déficit fiscal, poca capacidad productiva instalada, inflexibilidad del mercado laboral e informalidad, escasa seguridad jurídica, etc.)
2. La elaboración de una agenda de reformas coherentes, ordenadas y, en cierto sentido, compartidas o, al menos, asumidas por las organizaciones políticas y sociales como necesarias para que sea políticamente viable en su implementación.
3. La implementación de las reformas en el contexto de una red de soporte transitoria orientada a compensar a los perdedores de la reforma, en concreto a los más vulnerables. Esto debe ser focalizado y por un tiempo definido, teniendo en cuenta que los primeros efectos de las reformas pueden producir resultados negativos (caída de la inversión, reducción del consumo, incremento en precios, etc.)

Lo mencionado previamente supone una madurez política importante de los actores involucrados, además de la capacidad de soportar pérdidas de corto plazo bajo la expectativa de mayores beneficios en el mediano y largo plazo. Supuestos que, a criterio personal, parecen temerarios.

2. El problema económico

En el documento de Sachs, sobre las causas más inmediatas que gatillaron el proceso hiperinflacionario se señala lo siguiente:

La causa próxima de la hiperinflación es la pérdida de solvencia internacional del gobierno a principio de los 1980s. Durante el período 1975 a 1981, varios gobiernos bolivianos dependieron en gran medida del endeudamiento externo para financiar los gastos gubernamentales. La combinación de una gran acumulación de deuda internacional con inestabilidad política interna, mala gestión macroeconómica, un sistema tributario débil y malas perspectivas de exportación impidieron al gobierno boliviano obtener nuevos préstamos internacionales después de 1981. Cuando las entradas de capital extranjero se agotaron a principios de 1982, el gobierno no aumentó los impuestos ni redujo el gasto, sino que sustituyó las entradas de capital por expansión del crédito interno como fuente de financiación del gobierno. La rápida expansión de la oferta monetaria desencadenó entonces el proceso inflacionario.

A grandes rasgos, la historia de la hiperinflación se puede contar de la siguiente forma:

1. El Estado administra un auge de materias primas mediante empresas estatales, obteniendo ingresos por utilidades y recaudación tributaria, y acumulando reservas internacionales a través del Banco Central.
2. El gobierno destina el mayor ingreso fiscal a sectores que lo apoyan, generando un gasto difícil de reducir. Además, se endeuda internacionalmente para financiar el gasto público.
3. El déficit fiscal se vuelve insostenible y el gobierno recurre a la deuda interna, principalmente a créditos del Banco Central. Si hay un régimen cambiario fijo, la pérdida de reservas internacionales genera desconfianza en la moneda y mercados paralelos de divisas.
4. El financiamiento del déficit con crédito interno agrava los problemas: inflación, mercados de divisas paralelos, reducción de ingresos tributarios por evasión y contrabando, y disminución de la actividad importadora, empeorando el déficit fiscal. Nótese que, de haber cambios paralelos, los exportadores tratan de evitar el ingreso de divisas a la economía nacional debido a que ellos reciben un cambio oficial y buscan otras formas de exportar, aún al margen de la ley.
5. El gobierno no puede generar superávits fiscales debido a una base impositiva pequeña y la imposibilidad de reducir el gasto sin problemas políticos, continuando con la deuda interna y generando inflación, lo que deteriora aún más la confianza en la moneda.
6. La economía requiere un ajuste doloroso para estabilizarse, incluyendo eliminar el déficit fiscal, unificar el mercado de divisas y diversificar la industria. Sin embargo, estos ajustes son políticamente costosos y no garantizan el éxito ni el apoyo necesario.

2.1. Algunos datos

Para tener un orden de magnitud del problema, en lo que sigue del texto se roproducen algunos datos de indicadores claves durante el proceso inflacionario e hiperinflacionario. En pimer lugar, la deuda externa como porcentaje del producto, donde se observa su rápido crecimiento en los años previos a la hiperinflación:

Esta situación, acompañada de la dependencia casi extrema a las exportaciones de gas y minerales para la obtención de divisas no hizo más que preparar el terreno para la crisis:

Así, como indican los autores, una vez que los precios del estaño comienzan a caer en la década de los 80s, la economía boliviana se desploma, los prestamistas internacionales dejan de de prestar al gobierno y éste, a su vez, comienza a financiar el déficit vía crédito interno o emisión, como se explicó anteriormente.

Por último, nótese como en los años de hiperinflación (1982-1985) los ingresos por impuestos se redujeron considerablemente, lo cual obligó al gobierno a recurrir cada vez más al crédito interno para financiar el gasto:

2.2. Las medidas de ajuste

Para concluir, y aunque no se ingresará en el tema, reproduzco en español la Tabla 6 (Outline of Major Policy Initiatives) que se muestra en Sachs (1986) y que describe las medidas de ajuste que se implementaron en Bolivia para frenar la hiperinflación y el estado de las mismas al momento de escribir el documento:

Como se puede observar, este conjunto de medidas fue establecido por el gobierno de Paz Estenssoro en el conocido Decreto Supremo 21060 como respuesta al problema económico que enfrantaba el país y, aunque en este texto no se pretende evaluar la efectividad de las mismas, sí se puede decir que, en el corto plazo, lograron frenar la hiperinflación y estabilizar la economía boliviana. Por otra parte, se debe observar que el conjunto de medidas fue bastante amplio y abarcó desde la política cambiaria, laboral y fiscal, entre otras.

3. Comentarios finales

En esta entrada he tratado de describir, de forma resumida, el proceso hiperinflacionario que experimentó Bolivia en los 80s y, más o menos, mostrar las similitudes que existen con la actualidad. Si bien esta lectura no pretende ser exhaustiva, sí que aspira a fomentar el debate y la reflexión sobre la situación actual del país y, en particular, aspira a ser un recordatorio para no caer en los mismos errores del pasado.